Secretaría de Derechos Humanos

Unidad 9 - por Marcelo Enrique Ponce Núñez

Este año 2010 en que nos aprestamos a festejar nuestro Bicentenario como Pueblo que ha luchado y lucha por su liberación y definitiva organización independiente de todo poder extranjero (los culturales y económicos, también lo son), estamos asistiendo a la revalorización de los Derechos Humanos a través del impulso y concreción de varios juicios donde se analiza las conductas de represores que las desplegaron durante los años 1976 a 1983. La causa Unidad 9 de La Plata, es una de ellas.

No ha sido fácil llegar a este momento, han sido muchos años de luchas de los organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales y de parte del poder judicial que ha entendido la crucial importancia de estos procesos.


Se nota desde ese lunes 12 de abril del 2010 en el interior de la audiencia, de su ámbito, un espíritu de cuerpo de la defensa, que nos mueve al título de la presente.


Se han propuesto cuestiones dilatorias, como si con ello se fuera ha alcanzar una dilación de la tramitación del proceso. Ya desde la lectura de las piezas procesales que marca el ritual, innecesario por cierto ya que su incorporación por lectura daba suficiente garantía a los procesados. Reiterar planteos que se encuentran ya resueltos en la misma causa o en otras similares hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su actual integración, lo que nos advierte del mantenimiento del criterio sustancial.


Se bastardeo la publicidad del acto, lo que conllevó a que dicha incidencia culminara con una sanción hacia una de las defensas.


Una de las reglas procesales básicas, que a su vez forma parte esencial de nuestro derecho de fondo, es la BUENA FE.- Y no es muy difícil de entender el concepto, simplemente manejarse en la vida bajo parámetros y conductas que no impliquen la generación de perjuicios hacia terceros, extremando los cuidados en tal sentido. En apariencia y por lo demostrado hasta aquí en los actos de la audiencia, poco de ello se expresa por parte de las defensas.


No será por cierto haciendo la “V” de la victoria, por parte del imputado Acuña, en dirección al público que se encuentra en la sala que se alcanzará aquel principio de Buena Fe.


No será por cierto remitiendo cartas desde el interior del penal hacia alguno de los testigos que se consolidará dicho principio.


Y hay más, pero como se dice habitualmente “para muestra sobra un botón”.


Asistimos hasta ahora a la aparente separación de posturas procesales para dirigir las defensas de cada uno de los imputados, más a la hora de lo concreto, la unificación monolítica de las posturas. Ello nos demuestra que han sido, son y serán una misma cosa, una misma idea que históricamente viene desde el tiempo, desde aquellos tiempos que enmarcaron los hechos por los que son juzgados en el presente. No han perdido la estructura ni la idea filosófica que los vio nacer, la violación sistemática de los derechos humanos.


Se pretendió la separación de las querellas, constituidas por organizaciones de derechos humanos, la secretaría de derechos humanos de la nación, la CTA.; sosteniendo para ello que con la representación del estado que ejerce el Ministerio Público Fiscal era suficiente para alcanzar el pleno proceso. A fuer de sinceros se permitía la presencia de la querella asumida por el Dr. Pinto, hermano de una de las víctimas. Es decir, en concreto, a las víctimas generalizadas, a los derechos difusos, más concretos del resto de la sociedad, se los dejaba de lado, se pretendía su exclusión. Contrariando de ésta manera multiplicidad de doctrina y jurisprudencia desde nuestro más Alto Tribunal de Justicia que permite, admite y alienta la participación ciudadana en los procesos.


Olvidaron por cierto los señores imputados y sus defensas, que vivimos en una república y que en ella es el pueblo quien ejerce la plenitud de los poderes. Por cierto, debido a la gran cantidad de ciudadanos ello no se hace en forma directa sino a través de sus representantes. ¿Qué duda puede quedar a persona alguna que las organizaciones de derechos humanos son representativas de la sociedad?; ¿qué duda puede quedar a persona alguna que organizaciones como la CTA representan a gran parte del sector obrero, siendo además que fue dicho sector, el obrero, quien más pérdidas sufrió en aquellos nefastos años de la dictadura?; ¿qué duda puede quedar que desde el estado, a través de la secretaría de derechos humanos, se está ejerciendo la representación popular que emerge del voto de los ciudadanos que eligieron un gobierno?


Esa participación de las organizaciones populares refuerza la transparencia del proceso, hace a las libertades ciudadanas, hace al afianzamiento de la justicia. Pero como decíamos ellos, los imputados y quienes los representan, traen su historia, y en ella las libertades y la justicia fueron depreciadas, bastardeadas, dejadas de lado. No fueron procesos judiciales con garantías plenas los que permitieron los encarcelamientos en unidades carcelarias como la unidad 9 de La Plata. No fue la participación popular la que controló el poder, su ejercicio. No era una república.


Los hoy procesados contribuyeron a la violación de nuestra constitución desde su art. 29, fueron y son, más allá que hoy no los alcance un juzgamiento por ello, traidores a la patria. La historia con su siempre vigente análisis así lo dirá para nuestra posteridad.


Por ello no debemos amedrentarnos ante esa unidad monolítica que emerge de aquella unidad 9 representada hoy en 14 procesados; la única unidad monolítica es y debe ser la del pueblo consolidando los principios de justicia y libertad.

Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata
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